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Opinión

Desempleo en Bucaramanga y Colombia, un drama que requiere acciones urgentes

Juan tiene 51 años, es padre de dos hijos y esposo de Martha quién es una trabajadora independiente, actualmente está desempleado desde hace 4 años logrando tener algunos trabajos ocasionales; sin embargo, aún no ha dejado de pensar en aquella empresa que lo empleó por cerca de 20 años, la cual un día tuvo que cerrar sin avisar, llevándose todos sus sueños de un futuro mejor y una posible pensión, actualmente por su edad es rechazado en casi todas las vacantes.

Ximena tiene 25 años y un hijo, pudo terminar su bachillerato y sacar un técnico en comercio, su vida la pasa entre pequeños trabajos temporales y el angustioso desempleo. Además, ya conoce todas las estafas del mercado laboral, y en cuanto a su ánimo este ha decaído, a tal punto, que no le permite darle una buena educación y vida a su hijo, su pesimismo es marcado al ver su futuro tan incierto.

Las anteriores descripciones son dos casos que comúnmente vemos en Bucaramanga y Colombia, donde el DANE acaba de anunciar que el desempleo ha llegado al peligroso peldaño de los dos dígitos. Esto significa que estamos ante una tragedia social para gran parte de la población, en una economía que paradójicamente crece asentando la desigualdad social de forma latente, y a la vez, mostrando el evidente el fracaso tanto del gobierno nacional, departamental y municipal en buscar soluciones reales.

Gran parte del fracaso en esta materia se da por el desconocimiento social y económico de los territorios, así como también, por la aplicación de teorías económicas que deben ser revalorizadas. Por ejemplo, algunos no han entendido que la economía se mueve en tres sectores, y no dos como comúnmente se creía, estando el sector público, privado y popular. Este último ha surgido como alternativa a la debacle y exclusión del mercado laboral, estando cada vez más fuerte y vigoroso, pero perseguido, señalado e invisibilizado a tal punto de ser referido despectivamente como informal, sin entender que, a través de este actualmente logran sobrevivir miles de personas.

Es claro que no ha existido un rol preponderante del estado a escala, el cual solo se ha convertido en un simple mediador laboral del sector privado. Significando que Bucaramanga y toda Colombia necesitan un cambio urgente entendiendo, además, que se debe fortalecer y unir estos tres sectores mediante un papel activo de los hacedores de la política publica en esta materia; un camino para ello estaría en promover realmente la asociatividad en los territorios y barrios, generando circuitos socioeconómicos desde lo local, así como programas reales de los cuales en Sudamérica tenemos exitosos ejemplos, en especial para aquellos que afirman que no se puede. Parar este drama del desempleo requiere de acciones urgentes, el Papa Francisco bien lo dice en su encíclica: “el ser humano necesita tierra, techo y trabajo”.

Por: Pedro Ángel Quintero – Columna de Opinión

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Opinión

Adoctrinamiento ideológico en las aulas de clases

Columnista de Opinión: Laureano Tirado
Twitter: @laureanoTirado

Junio 23 de 2020

La semana pasada me buscaron dos padres de familia de estudiantes del grado 11 del Colegio Franciscano del Virrey Solís de Bucaramanga para que fuera receptor del inconformismo que generó en ellos la tarea de evaluación dejada en clase de español por parte de un profesor.  Después de intentar conocer la versión del colegio y de pedir un mínimo de pruebas a los padres que corroborara veracidad de la denuncia, estructure un hilo en mi cuenta de twitter la cual anexo para entender el contenido de esta columna:

El profesor Wilmer Chaparro, -en escrito que socializó en redes sociales- argumenta que el propósito que buscaba de los estudiantes al inducirlos a ver la “serie matarife” es alimentar en ellos “análisis crítico que permite comprender y cuestionar la realidad” y “medio de cuestionamiento”. Lo primero que se debe precisar es que los estudiantes en formación de los grados de educación media están sujetos a unos lineamientos programáticos por parte del Ministerio de Educación que se incorporan dentro de un marco denominado “Estándares Básicos de Competencias” que tiene como objetivo si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad.

No sé si los padres de familia, directivas de colegios públicos y privados, Ministerio de Educación, estudiantes, y sociedad, consideren que la “serie matarife” (la cual fue construida con un propósito claro y preciso como es el de generar una idea sesgada contra un sector político e ideológico del país bajo la construcción de elementos audiovisuales donde la manipulación, suposición, rumor, y el manejo emotivo a través de colores, voces, musicalización, narración, epitafios… buscan finalmente generar odio) pueda ser elemento académico que permita formar en los estudiantes vocación analítica y crítica. Un sector de la sociedad consideramos que no. Como tampoco creemos que se pueda incorporar dentro de la jurisprudencia que admite libertad de cátedra.    

Los estudiantes menores de edad que salieron en defensa del profesor en redes sociales argumentan que la serie les ayuda para conocer la historia de Colombia.

Aquí valdría la pena saber si esos estudiantes tan interesados en conocer la historia fueron inducidos en los últimos años, y en desarrollo del curso de español, a leer libros de historia de reconocidos académicos, escritores e investigadores, como por ejemplo los escritos del doctor Armando Martínez Garnica -quien dirigió el Archivo General de la Nación-, o las obras de Pablo José Montoya Campuzano, para referenciar algunos santandereanos. También preguntamos cómo van con la lectura de los libros de Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, el maestro German Arciniegas, o German Castro Caicedo.

El adoctrinamiento del que hablamos en el trino y en las entrevistas se da desde el contenido de la misma serie, la cual no da espacio para conocer la otra cara de la moneda ni versión contraria a la que gestan los intestinos de su autor. Eso lo sabe muy bien el profesor y quienes defienden esa marranera como elemento formativo y académico. Utilizar la educación en las aulas de clase, la cual tiene naturaleza de servicio público y alcance Constitucional, como trinchera ideológica, política y, electoral, es un atentando contra el derecho que tienen los estudiantes a una sana y objetiva formación.    

Este debate, el cual doy por cerrado, no puede ser visto como una polémica aislada por parte de todos los actores que hemos referenciado, por el contrario, exige revisión por parte de las autoridades competentes. Ojalá la mayoría de los profesores que ejercen una vocación noble y disciplinada ayuden a corregir esta fisura que puede fraccionar la educación en Colombia con repercusiones irreparables.


Nota: La opinión del columnista es de carácter personal y no obedece a la postura de este medio de comunicación.

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Opinión

El comité del agua induce a error

Columna de opinión por: Holmes Valbuena García

Twitter: @Holmes_valbuena

En noticia publicada por El Tiempo (Virtual), el 22 de abril de 2020, La Procuraduría General de la Nación atendiendo una petición del Comité del Agua solicita la “suspensión temporal de las audiencias virtuales” en relación con la problemática minera que existe entre Soto Norte y el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Analizando el actuar, desde que se propuso como meta enterrar cualquier proyecto productivo en Soto Norte, el tan famoso comité ha realizado una campaña agresiva de tipo jurídico que le ha permitido entre otras acciones tumbar la misma delimitación del Páramo de Santurbán. 

En su objetivo de frenar el desarrollo de las comunidades de Soto Norte, se podría estar cayendo en lo que los juristas han llamado “La Teoría del Error”, y que según Jaime Mejía, el funcionario toma una decisión basado en “una visión distorsionada de la realidad”

El Comité del Agua dice representar a las comunidades de Bucaramanga, y hasta donde alcanzan mis conocimientos, pues vivo en la capital, en esa ciudad existe muy buena conexión a internet,  motivo por el cual las razones de su solicitud ante el máximo órgano de control disciplinario son infundadas,  pues cuentan con las herramientas tecnológicas que les permiten seguir una audiencia virtual sin ningún contratiempo; así distorsiona la realidad del municipio de Bucaramanga.  

Si por el contrario se refieren a las comunidades de Soto Norte, comunidades que han sufrido la estigmatización, discriminación y agresión por parte de los miembros del Comité del Agua, vale recordar la agresión que sufrimos en la entrada del Club Campestre  en el mes de febrero pasado, están distorsionando nuestra realidad al ponernos como unas comunidades totalmente aisladas del concierto nacional, donde ni siquiera señal de telefonía celular existe, pero lo  realmente cierto es, que lo único que está demostrando esa solicitud es el desconocimiento total de la realidad de Soto Norte por quienes se autodesignan sus salvadores.

En la totalidad del territorio provincial existe señal de telefonía celular, la mayoría de habitantes de Soto Norte poseemos teléfonos con datos lo que nos permite seguir aplicaciones como Facebook y WhatsApp entre otras, es más, las audiencias realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la delimitación de Páramo de Santurbán fueron seguidas por la gran mayoría de habitantes de Soto Norte y dentro y fuera del país  por medios virtuales-

Si se aplica la teoría del aislamiento virtual, para usar una expresión muy famosa en estos tiempos, serían ilegales todos los procesos de formulación de los Planes de Desarrollo Municipal de la provincia, por estar violando el derecho a la participación, y a ser informados de sus habitantes, pues todas las administraciones van a realizar audiencias virtuales para socializar sus planes de desarrollo, inclusive esa misma herramienta utilizará el Departamento de Santander; o será que los municipios tienen más capacidad técnica que el Gobierno Nacional,  para  realizar audiencias virtuales. 

Gobierno Nacional, en mi concepto muy personal, están siendo inducidos a error, muy hábilmente por el Comité del Agua para evitar la realización de audiencias virtuales en Soto Norte.

LA ÚNICA PREOCUPACIÓN QUE LES ASISTE ES QUE SE PUEDA REALIZAR UN DEBATE CENTRADO EN ARGUMENTOS TÉCNICOS Y NO PUEDAN UTILIZAR EL SABOTAJE O LA AGRESIÓN FISICA  COMO MECANISMO PARA HACER IMPONER SUS IDEAS.

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Este escrito obedece a una opinión personal del columnista.

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Opinión

Quédate en casa. ¿En cuál casa?

Por: Alejandro Ordóñez Ortiz

El coronavirus se ha encargado de demostrar, una vez más, la incapacidad histórica de los gobiernos en políticas y gestión de la vivienda social. Miles de personas hoy están recluidas en cuarentena obligatoria en espacios que no se pueden considerar propiamente como “viviendas”. Son construcciones localizadas en suelos residuales, hechas durante años con un esfuerzo apoyado en ingresos esporádicos y materiales producto del reciclaje: paredes de tabla y lonas, pisos de tierra pisada, algunos ladrillos producto de demoliciones, techos con plástico o tejas de zinc con piedras encima “para que no salgan volando” y servicios públicos malos o ausentes.

Construcciones unas tras otras, en las que el hacinamiento, la insalubridad y la ausencia de oportunidades han sido una constante. Todo esto hace parte de la terrible y dramática situación de quienes habitan en asentamientos y barrios precarios. 

Para el año 2012, un estudio realizado por la fundación Citu Experiencia Local, demostró que el porcentaje de la población del AMB en estas condiciones era nada menos que del 28%.  Además, que muchos de estos lugares se encuentran en zonas afectadas por serias amenazas naturales como deslizamientos de tierra e inundaciones. Por ejemplo, el deslizamiento que se presentó el pasado 4 de abril en el asentamiento Asomiflor en Floridablanca, o la creciente que afectó hace poco más de un mes a algunos sectores de Piedecuesta, o fenómenos de inundación en Bucaramanga, -como muy probablemente sucederá de nuevo a orillas del Río de Oro- en donde prevalecen varios asentamientos precarios sin programas de reubicación a la vista desde hace varios años. El refrán “tras de cotudos con paperas” se hace presente en el advenimiento de la COVID-19, que ataca, con mucho más rigor e injusticia, a las comunidades más pobres, más olvidadas, más robadas por la corrupción y más engañadas por la demagogia frente al sensible tema de la vivienda social. 

¿Cómo será pasar una cuarentena en un lugar sin agua, o en un espacio reducido, bajo un calor abrasador por la ausencia de ventilación natural, o con una cubierta en teja metálica en este clima cálido? ¿Cómo será no sólo temer al virus, sino sospechar que el río, o el sismo, o el deslizamiento pueden acabar con la vida de todos sus seres queridos? Tal es el drama de quienes viven allí y tal es la sordera de los gobiernos frente a esta dura realidad, que hoy, a falta de proyectos y soluciones pertinentes, invierten recursos en pintar las “fachadas” de estos entornos precarios con colores llamativos. A semejante exabrupto ético suelen bautizarlo como “urbanismo táctico” u otros términos distractores para edulcorar la realidad. La falta de empatía histórica y la incapacidad gubernamental para dar solución a problemáticas que a la postre condenan vidas, también son como un virus mortal. 

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