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Henrique Gómez Paris

El juego de desprestigio contra el coronel Aguilar (II)

Se rumora que Daniel Coronell tiene en borrador, tres columnas más de difamación contra Hugo Aguilar. Los liberales de segunda línea están atentos a servir de reproductores de la campaña. Uno de ellos, Jorge Gómez Pinilla, no tiene problema en atacar desde El Espectador, al oficial que neutralizó al terrorista que le puso un carro bomba y asesino al director del periódico que le divulga sus opiniones.

Por: Henrique Gómez Paris

Columnista de Opinión

@hgomezparis

Mayo 12 de 2017

Daniel Coronell es un profesional que tiene claro el papel de un comunicador como productor de hechos. Y consecuente con su parcialidad hacia la maquinaria liberal, que busca a toda costa disminuir el protagonismo de el coronel Aguilar en la campaña electoral de 2018, se ha dedicado a rebuscar actos que lo desprestigien y en lo posible lo devuelvan a prisión. Desprestigio, tratando de vender como irreal la trayectoria policial del oficial que dio de baja al peor terrorista de Colombia; y devolverlo a prisión, divulgando una serie de puntos de vista que ejerzan presión sobre los jueces para que actúen movidos por lo mediático antes que por los procedimientos legales establecidos.

Entusiasmado con su efectivo método, se rumora que el notable columnista tiene en borrador tres columnas más para su campaña de difamación contra Hugo Aguilar, y por supuesto en Santander están atentos algunos liberales de segunda y tercera línea a servir de reproductores de la campaña. El primero de ellos, el exquisito escritor Jorge Gómez Pinilla, defensor a ultranza de Horacio Serpa y contradictor vertical de lo que él llama ‘histérica derecha’, pidió en su última columna del diario El Espectador que alguien le ponga “el cascabel al coronel Aguilar”, haciendo manifiesta la preocupación por la expresión pública de Germán Vargas Lleras al tomarse una foto unido al exgobernador Aguilar, “para que le envíen a Serpa y vea el nuevo equipo de Santander”.

La paradoja es que por móviles políticos, Jorge Gómez Pinilla arremete contra el oficial comandante del operativo que confrontó y logró la neutralización con los hombres bajo su mando, de quien hizo estallar un carro bomba en la sede principal de El Espectador y asesinó a su director, el periodista Guillermo Cano Isaza. El pánico de Gómez es lógico: cómo lo expresé en la primera parte de esta columna (ver artículo), el único contradictor fuerte de Horacio Serpa en Santander es Hugo Aguilar, cuyo gobierno de resultados movió al fallecido senador Hugo Serrano, a invitar a Serpa a que volviera a su Departamento 40 años después de haberse desarraigado, y encabezara la competencia por la Gobernación, como única carta posible capaz de impedir que Aguilar dejara a alguien de su línea política al frente de Santander, en ese entonces representada por su mejor alumno, Didier Tavera Amado.

La talla presidencial de Serpa le permitió vencer con holgura a Tavera, mas no adelantar una obra de gobierno relevante, lo cual volcó a las mayorías de Santander a reelegir al coronel Aguilar para el siguiente periodo. La aspiración del pueblo santandereano se vio frustrada por la Justicia, quedando Aguilar imposibilitado para ejercer cargos públicos y gozar de la libertad. A pesar de los fallos judiciales, el pueblo santandereano se mantuvo unido en el propósito de reivindicar el modelo de gobierno de resultados, y el 25 de octubre de 2011, eligió al preparado hijo del Coronel, Richard Aguilar Villa, como nuevo Gobernador.

Como hombre de instituciones, Hugo Aguilar le responde tanto a la sentencia como a la exorbitante multa en su contra de 6.350 millones de pesos, en condiciones acorde con su buen comportamiento y capacidad de pago. Pero no. Los copartidarios de Daniel Coronell como Gómez Pinilla, se dan el lujo de afirmar que Hugo Aguilar “violó el deber de buena conducta” y que “dispone de bienes para pagar la multa de 6.400 millones que la Justicia le impuso”.

¿Es Jorge Gómez Pinilla un Juez de la República para afirmar que existe una violación del deber de buena conducta firmado entre el coronel Aguilar y la Justicia Colombiana? ¿Está obligada la esposa a asumir los compromisos pecuniarios del coronel Aguilar con la Justicia, al tener disuelta la sociedad conyugal? Llama mucho la atención que opinadores liberales, que ideológicamente se supone que son los promotores de los derechos al buen nombre, a la personalidad, al debido proceso y a la propiedad privada, para el caso de sus contradictores apliquen condenas de sangre y desconozcan las  cualidades inalienables que  otorga el Estado Social de Derecho.

 

El móvil es político.

Estamos a pocos meses de iniciar una nueva campaña electoral, y resulta típico que ésta no salga de acusaciones entre bandos electorales, que al día de hoy se resumen en un cuadrilátero: el actual gobernador Didier Tavera, que se pasó al Partido Liberal y busca copar para su familia todos los espacios políticos a nombre de sus nuevas banderas; los liberales auténticos mirando a ver cómo hacen para no quedar vergonzantes ante el apetito del Gobernador; Leonidas Gómez que como típico militante de izquierda aprovecha el escenario para reclutar inconformes; y Hugo Aguilar cuyo sólido liderazgo pretenden acabar a punta de dardos mediáticos.

¿Cuál será entonces la orientación que la opinión tendrá en 2018 de parte de los opinadores? ¿La divulgación de las fotografías de las casas de altísimo valor de concejales, diputados y congresistas, en un condominio cada vez menos exclusivo? ¿La ubicación de las propiedades de sus respectivas esposas? ¿O la lente no les da sino para convertir la vida privada del coronel Aguilar en la cuota que Santander le aporta a la trifulca nacional? Necesitamos orientadores de opinión que reten al intelecto, no a dueños de la moral que ataquen a quien así lo deciden, o a lo que les parece que está mal que se haga o se deje de hacer.

Nos queda fácil descalificar a alias ‘popeye’, pero no caemos en cuenta que pasamos del sicariato de adolescentes suicidas en moto de los años 90, al de la aniquilación moral, con el que se despoja a las personas públicas del derecho legal a la defensa, al buen nombre y al olvido. Los consumidores de redes, que en Colombia se estiman en 23,4 millones, se constituyen en una audiencia incauta a la que le queda fácil repetir cuanta barbaridad se difunde. Esa función de hacer daño se viene multiplicando en un país donde nos encanta el chisme; y como solo basta un titular dañino, para sembrar dudas en sociedades con un promedio de lectura más que pobre como el de Colombia, hasta ahí llega la conclusión; sin que sea motivante o retador, dedicarle tiempo a reflexionar y estudiar sobre todos los pormenores que hay detrás de cada historia.

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PD: Valoro la personalidad inquieta y el ejercicio de  opinión de Leszli Kalli, a quien invito a ejercer la coherencia: pasar de ser una víctima del narcoterrorismo a funcionaria de Petro, para luego defender al Centro Democrático y ahora hacerle el favor al Partido Liberal de contribuir a acabar con Hugo Aguilar, le resta seriedad a su talento. La integridad es un valor a rescatar, y su fundamento es la coherencia. Ya tenemos bastantes ejemplos denigrantes de mercenarismo político como Sergio Isnardo Muñoz e Iván Aguilar, para que desde su tribuna, Leszli le haga eco a la falsa equivalencia, que es algo que conduce a cualquier cosa, menos a la verdad.

 

 

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