Carlos Fernando Sánchez Aguirre, exdirector de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, está a punto de perder el control de la entidad que ayudó a crear hace mas de 15 años, por cuenta de los escándalos de corrupción que hoy tienen postrados a los parques de atracción, que en su momento pusieron a Santander a liderar el turismo nacional.

Carácter conoció de voces cercanas al primer mandatario del Departamento, que el gobernador Mauricio Aguilar ve con mucha desconfianza las denuncias de corrupción y malos manejos que llevaron a Panachi, de ser un modelo de activación y desarrollo turístico, a un foco relacionado con corrupción y costosas improvisaciones.

La preocupación del Gobernador no es menor, pues su propuesta de campaña mantiene al turismo como el sector capaz de reactivar la economía santandereana, y el desprestigio acumulado de la Corporación Panachi afecta la credibilidad de Pamuca, uno de los proyectos centrales del plan de gobierno de Mauricio Aguilar.

La visión de Mauricio Aguilar es impulsar al cacao santandereano como atractivo turístico a través de le construcción del Parque Mundial del Cacao. La propuesta podría tener reales alcances internacionales considerando que el cacao es uno de los productos gastronómicos de mayor potencial de Colombia y que recientemente fue galardonada en París una producción de San Vicente de Chucurí con el premio de ‘mejor cacao del mundo».

Pero la visión del Gobernador, de acuerdo a las versiones del Despacho, tiene como mayor factor de riesgo la sombra de dudas que deja el control que retiene Carlos Fernando Sánchez sobre la Corporación: «Los procesos que tiene en la Fiscalía y el fracaso en la promoción de El Santísimo no brindan la confiabilidad mínima para que la influencia de Sánchez prevalezca en este momento», aseguró una de las fuentes cercanas al Gobernador y consultada por Carácter.

Sin embargo, Sánchez insiste en mantener el control de la Corporación. El exfuncionario no solo busca con insistencia al Gobernador, «sino que tiene convencidos a varios alcaldes del Departamento que él es quien va a controlar todos los proyectos de desarrollo de sus territorios», aseguró otra fuente.

Para garantizar su permanencia, Sánchez tiene como estrategia la promoción de varios candidatos a dirigir la Corporación, cuyas hojas de vida estarían en estudio de la Junta Directiva, próxima a elegir al responsable de los parques temáticos más importantes de Santander.

Las fichas de Carlos Fernando Sánchez

Carácter conoció la relación de candidatos que Sánchez (quien tiene en su contra un pliego de cargos de la Fiscalía y una investigación abierta en la Procuraduría por irregularidades en Panachi) impulsa para lograr con alguno de ellos la continuidad en el control de la Corporación.

La primer ficha de Sánchez es la actual directora, Mabel Paola Navarro, con quien Sánchez habría pactado una estrategia para difundir el rumor que no se hablan hace meses por serias diferencias, con el fin de desmarcarla y que pueda continuar al frente de Panachi.

Como la continuidad de Navarro ofrece muchas inseguridades, Sánchez tiene como comodín a Eduardo José Mujica, excandidato al concejo de Bucaramanga con lazos estrechos a Sanchéz y su círculo más cercano.

Una tercera carta de Sánchez sería Carolina Luna Osorio, funcionaria de la Corporación Panachi y concuñada de Roberto Rodríguez, uno de los contratistas de confianza de Sánchez, con quien estalló un escándalo revelado por La Silla Vacía, que complicó sus nombres en un lio de demandas y embargos relacionados con los aportes de campaña a Sánchez en su fallida aspiración a la Gobernación de 2015.

Entre 2004 y 2014, Carlos Fernando Sánchez ejerció como director de la Corporación «en medio de múltiples críticas por cuestiones de transparencia y por problemas en la ejecución de las obras«. Renunció al cargo para aspirar a la Gobernación de Santander, dejando como reemplazo a Daniel Valencia Gómez, quien lo secundó en gran parte de su ejercicio como director y renunció al cargo a comienzos de 2017 por cuenta de investigaciones relacionadas también con sobrecostos.

El exgobernador Didier Tavera, que no ahorró aliento para desprestigiar a Panachi (a pesar de haber sido parte de su construcción como secretario de desarrollo de Hugo Aguilar), prometió entregar la administración del Parque a alguna Caja de Compensación con el fin de corregir los malos manejos que provocaron investigaciones sobre la Corporación.

Como Tavera no logró cumplir con su propuesta, ahora la Corporación tiene la responsabilidad de reanimar a los parques y librar a la entidad de los mantos de dudas que le sostienen los tentáculos de Sánchez en la operación de la administración.

Actualizado 22 de febrero

Con 48 días en el cargo, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cardenas, enfrenta una etapa de polémicas alrededor de su gestión, que iniciaron por el nombramiento de personas sin idoneidad ni trayectoria en su equipo de trabajo y con elevados salarios pagados con los dineros de los bumangueses.

El nuevo escándalo se suscita alrededor de la propuesta de campaña de Cárdenas para convertir a Bucaramanga en una smartcity.

El pasado 7 de febrero, la Alcaldía firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la UNAB, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la productividad empresarial. En la reunión, el alcalde Cárdenas aseguró que en el Plan de Desarrollo se pondrá en marcha “Big BGA”, que será un sitio físico y virtual en el que los empresarios podrán obtener la data de la ciudad, conectarse con el mundo para lograr nuevas inversiones y conocer qué pasa en las organizaciones.

Presunta corrupción detrás del proyecto Big BGA

Según dos fuentes de Carácter, el alcalde Cárdenas estaría gestionando la contratación de parte del proyecto Big BGA, con la compañía Onetech SAS, creada por su hija Nicolle Andrea Cárdenas Mantilla y su asesor en tecnologías de información en la Alcaldía, Juan Nicolás Pinzón Guevara.

La empresa habría sido registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá para actividades de «procesamiento de datos, alojamiento (servidores), actividades de consultoría informática y actividades de instalaciones informáticas, entre otras» con Nicolle Cárdenas Mantilla y Juan Nicolas Pinzón como representantes legal y suplente.

Juan Nicolás Pinzón, que en sus redes sociales se muestra cercano al alcalde Cárdenas, figura en Instagram como un emprendedor internacional en el área del software y tecnologías de información, estuvo en la campaña de Cárdenas a la alcaldía y ha acompañado al Alcalde en varios eventos, entre ellos una visita al actual alcalde de Medellín que está muy vinculado a los temas de tecnología.

Pinzón aseguró también en sus redes sociales que es socio y amigo de Juan Carlos Cárdenas justo el día de las elecciones.

Por otra parte, Nicolle Cárdenas Mantilla (quien no es la primera vez que figura en una empresa relacionada con su padre), también fue tesorera y directora de JCR2 Investment, compañía que apareció en el escándalo de los Panama Papers en el que varias firmas offshores ocultaron dinero en el país vecino.

La sociedad JCR2 Investment, de la que Juan Carlos Cárdenas Rey fue presidente y representante legal, también estuvo integrada por Fernando Antonio Gil y Edgardo Eloy Díaz, quienes según el diario La República de Perú, estuvieron vinculados al caso de corrupción de la firma constructora Odebrecht.

De insistir el Alcalde en la contratación de proyectos con la empresa de su hija y su socio, Bucaramanga estaría frente a un escándalo de corrupción similar al de Vitalogic, que tiene compareciendo ante la justicia al exalcalde Rodolfo Hernández.

Por: Redacción política Carácter

Fredy Garzón del colectivo El Denunciante denunció el pasado 16 de febrero en una columna de opinión el presunto caso de corrupción entre la pasada administración del ingeniero Rodolfo Hernández y la representante legal de la Cooperativa COOPFUTURO, Beatriz Millán Mejía, mientras ella figuraba como directora financiera del movimiento Liga Anticorrupción para las campañas a los concejos municipales de Bucaramanga, área metropolitana y asambleas departamentales, de igual forma fue una de las integrantes del comité inscriptor de la lista cerrada a la Asamblea departamental de Santander, ante los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con Reynaldo Barrera Bonilla y Luis Fernando Prada Cobos.

Según Garzón los millonarios convenios fueron firmados entre el Imebú y Coopfuturo el primero cuyo objeto era “aunar esfuerzos para el cumplimiento del objeto social y misional del Imebú en relación a programas de generación de empleo y fomento empresarial, para el fortalecimiento del fondo local para para brindar apoyo financiero a los micro y pequeñas empresas del municipio de Bucaramanga”, por un valor de $2.431.052.113,17 (Imebú aportó 1.575.681.925,20 y Coopfuturo 855.370.187,97); este primer convenio según el acta de inicio va desde el 02 de octubre de 2018 al 01 de octubre de 2022.

El segundo convenio, el No 06-2019 cuyo objeto es “aunar esfuerzos para el fortalecimiento del fondo de fomento y crédito de apoyo del Imebú con el fin de brindar apoyo financiero a las microempresas del municipio de Bucaramanga, en el cumplimiento del objeto social y misional del Instituto”, por valor de $ 1.584.244.283,42 (Imebú aportó $ 1.108.970.998,40 y Coopfuturo $475.273.285,052), este convenio de acuerdo al acta de inicio va desde el 26 de diciembre de 2019 al 25 de diciembre de 2023.

Estos convenios sobrepasarían las vigencias y/o periodos de gobierno y culminarían en el año 2022 y 2023, sin la respectiva aprobación de vigencias futuras.

Este tipo de actuaciones que vinculan al movimiento «Liga Anticorrupción» que contrario a su mismo nombre, en los últimos meses han generado polémica por presunta corrupción y por el voto de la Diputada de la Liga Anticorrupción Anabel Tarazona al nuevo contralor de Santander quien habría participado en la campaña del Gobernador Mauricio Aguilar.