Denuncias

“Si tiene dignidad, le pido a Rodolfo Hernández que renuncie” vocero de 304 familias estafadas por el alcalde de Bucaramanga

Viviendas de Interés Social vendidas a sobreprecio y construidas en zona de alto riesgo de la ronda de los ríos Frío y de Oro es uno de los casos de corrupción que involucran al Alcalde de Bucaramanga y que son denunciados por la veeduría La Lupa. Primera entrega de la entrevista a dos de sus integrantes.

Enero 29 de 2018

Especial Carácter

“A mí me molesta realmente cuando el Alcalde sale a los medios a decir que él es el más honesto, cuando no lo es”, afirma el sargento Saúl Ortiz Barrera, un suboficial en uso de buen retiro del Ejército de Colombia que se vio obligado a interrumpir la tranquilidad de su etapa de pensión para hacer causa común con los vecinos de la urbanización Castilla Real I de Girón y defender sus derechos frente a la estafa que les propino el actual alcalde de Bucaramanga por medio de su empresa constructora Hernández Gómez (HG).

Para ello fue creada una veeduría ciudadana a la que denominaron La Lupa y de la cual el sargento Ortiz es el coordinador. Su labor no se redujo al caso de la urbanización Castilla Real I, sino que ha ampliado su accionar a otros casos de corrupción y mal manejo de lo público. Carácter entrevistó al señor sargento Ortiz Barrera sobre este y otros casos de corrupción en Santander y presenta la primera entrega, cuyas declaraciones abordan el caso de la Urbanización:

Carácter: ¿Cuál fue el daño que Hernández Gómez le generó a los habitantes de la urbanización Castilla Real I?

Saúl Ortiz: Se trata de dos daños. El primero lo sufrimos por haber sido invadida la ronda del río por Rodolfo Hernández para la construcción de las viviendas, ubicación que nos convirtió en damnificados de la avalancha del río de Oro en 2005, con la que perdimos cerca de 4 mil metros cuadrados y se inundaron las zonas sociales, la piscina, nuestros vehículos y otros bienes. El segundo fue para los militares retirados que le compramos la vivienda a HG, cuando descubrimos que nos habían cobrado un valor más alto del que le correspondía a esa tipología de vivienda, que para la época debía valer 13 millones de pesos por ser vivienda de interés social (VIS) y nos la vendieron a precio de vivienda no VIS.  En mi caso me quitaron cuatro millones ochocientos mil pesos.

Č: ¿Emprendieron acciones legales contra Rodolfo Hernández por estos hechos?

S.O.: En ambos casos pusimos acciones populares. En el primero, se pudo probar que Rodolfo Hernández había construido la Urbanización en la ronda del río, por lo que el Tribunal Administrativo de Santander le ordenó a HG y a la Alcaldía de Girón en segunda instancia, reubicar 160 viviendas (casi más del 50 por ciento de la urbanización).

Entonces yo me pregunto ¿por qué el alcalde Hernández Suárez habla de mucha ética? ¿cuál es la ética cuando yo le hago un oficio –que le puedo mostrar copia del recibido por el doctor Guarín que es el asesor de él en la parte comercial-  pidiéndole que me regresara el dinero cobrado en exceso sin intereses y no me lo regresó? ¿qué me contestó el abogado? Si nos vamos a la parte penal, el delito de prevaricato por acción y los demás de índole penal ya prescribieron. Pero eso no le da derecho a un ciudadano que dice ser honesto, que si nos ocasionó un perjuicio económico, evite la conciliación; porque yo también le propuse al abogado que me resarcieran el daño en buenos términos ante la Fiscalía o ante el Juez Contencioso Administrativo, pero siempre me evadió.

Lo cierto es que hay una sentencia que ordena medir la cota de inundación del río que invadió HG al construir la urbanización Nueva Castilla Real 1, lo cual llega hasta la piscina, y cumpliendo con el fallo deben demoler las viviendas y prácticamente hacer un nuevo barrio.

Č: A partir del fallo ¿a cuántas familias deben reubicar?

Toda la comunidad se afectó por la inundación, las 304 familias que compraron en la Urbanización. De acuerdo a las pruebas que hacen parte del expediente de la Acción Popular, deben ser demolidas 160 viviendas que están en la cota de inundación del Río. Nos preocupan las respuestas que ha recibido el veedor Manuel Ricardo Yepes de parte de Planeación Municipal en las que indican que están haciendo los estudios de medición de la cota pero que su vivienda no está dentro de la misma cuando sí lo está. Este indicio nos lleva este año a presentar la correspondiente demanda penal por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión en cabeza del alcalde y de sus secretarios, porque la Ley 99 de 1993 y demás normas ambientales son de derecho público y no pueden ser modificadas por los funcionarios. Entonces esta pelea jurídica continúa, hasta tanto seamos reubicados o nos indemnicen.

Facsímil del fallo contra Hernández Gómez

Č: El fallo que usted nos está mostrando contra HG se dio doce años después de radicada la acción popular ¿qué lo ha hecho persistir?

S.O.: El fallo hay que hacerlo cumplir, porque si uno no está haciendo la exigencia, lo ignoran. Por ejemplo, fue conformado un comité para la implementación del fallo del que hace parte el Defensor del Pueblo y en el informe que nos enviaron se ve que ningún funcionario de la Defensoría ha participado de las reuniones; entonces hacen las cuestiones irregulares. La veeduría va a hacer cumplir el fallo de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley e interpondremos las denuncias que tengan lugar por lo Contencioso Administrativo y lo penal, así como las quejas disciplinarias que haya lugar, porque no podemos permitir que los funcionarios de Girón estén a las órdenes de ningún politiquero ni para favorecer los intereses privados, como es el caso de esta sociedad HG que es privada.

Así como HG, la alcaldía de Girón también salió condenada porque en su momento aprobó unas licencias de la constructora del señor Rodolfo Hernández, violando la norma ambiental.

Č: En el caso de la venta de viviendas de interés social por un mayor valor ¿hubo complicidad de algún miembro del Ejército para que HG pudiera hacerse a ese dinero de más que usted denuncia?

Hubo un General que se torció junto con Hernández Gómez que fue Celso Suárez, porque cuando me vendieron la casa a mí, Celso Suárez fue el que robó la Caja de Vivienda Militar y aumentó los precios allá. Eso fue noticia pública y a ese General lo destituyeron.

Č: A pesar de este antecedente ¿usted apoyó la aspiración a Rodolfo Hernández a la alcaldía de Bucaramanga?  

Yo llegué a estar hasta de acuerdo con Hernández Suárez en su política y creo que a más de uno nos engañó; porque yo dije: bueno, al partido Liberal y sus Concejales por lo menos les paró esos focos y esa feria de contratos que tenían; pero cuando me veo yo con la sorpresa que es igual, o sea, usted va y mira los funcionarios. Antes funcionaba la Alcaldía con dos a tres mil funcionarios con ingresos de un millón doscientos mil pesos en promedio que representaban costos favorables a la comunidad. Pero ahorita ¿qué está haciendo este señor? Contrata gente de treinta millones, cuarenta millones, asesores de veinte millones, los pintores los trae de otra parte, entonces legalmente no está beneficiando a la comunidad de Bucaramanga en nada el señor ingeniero Rodolfo Hernández. Ojalá el Alcalde aterrice y le haga un bien a la comunidad santandereana: le pido por favor, renuncie si tiene dignidad.  

Č: ¿Por qué no le pasa nada a Rodolfo Hernández a pesar de las denuncias en su contra por estafa y los fallos proferidos en su contra?

S.O.: Porque el Código Penal es muy flexible con el delito de estafa. Dice no, ya pasaron cinco años entonces la estafa ya feneció, y se quedó él con la plata. Entonces yo le digo a los candidatos presidenciales: quiero ver el proyecto de Ley donde diga que son cuarenta años de cárcel, de prisión intramural, sin ningún beneficio para el que defraude el erario o estafe a la gente; esa es la primer bandera que debe poner cualquier candidato en Colombia, porque es la corrupción la que nos tiene en la ruina.   

 

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